El Ejecutivo se negó a sancionar la iniciativa y la objetó con el argumento de que el Congreso no tuvo en cuenta el impacto fiscal de la ley y la imposibilidad del gobierno para financiar los costos de los procedimientos médicos de planificación.
La Corte le advirtió al Presidente de la República en el fallo que el impacto fiscal no puede ser utilizado como excusa para vetar leyes.
"Siendo ésta la única causa de la eventual transgresión constitucional, la objeción no puede ser aceptada, ya que ello implicaría reconocerle a esta facultad gubernamental el alcance de un poder de veto frente a las iniciativas autónomamente aprobadas por el órgano legislativo, situación extrema que evidentemente no encaja dentro de nuestro sistema constitucional", señala la sentencia.
Según el Gobierno, la ley le costaría al país más de 400 mil millones de pesos y el Estado no contaba con los recursos para sufragar ese gasto. La Corte consideró que, por el contrario, la vasectomía y la ligadura de trompas hacen parte del Plan Obligatorio de Salud (POS) por lo que la ley tendría que ser aplicada a un 20 por ciento de la población que, según los cálculos, está por fuera del sistema de salud.
"Las cifras planteadas por el Gobierno fueron calculadas bajo el supuesto de que todas las personas en edad reproductiva y sin acceso a los servicios de la seguridad social solicitaran la realización de uno de tales procedimientos quirúrgicos, ignorando con ello claros y evidentes factores estadísticos que acortarían en términos notoriamente inferiores la demanda de esos servicios y por ende, reducirían de manera también significativa, ese impacto financiero", aclaró el fallo.
F eltiempo.com
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